Milei limitó el derecho a huelga
Otra vez un decreto de esos que están por fuera de la Constitución Nacional viola derechos ancestrales de las mayorías populares. Los poderes otorgados por el Congreso Nacional, el año pasado, por la Ley Bases, fueron la base del gobierno de Javier Milei
El decreto 340 publicado en el Boletín Oficial, este jueves, se refiere al Régimen de Excepción de la Marina Mercante, que es una “desregulación” para las relaciones laborales del personal y habilitación para incorporar buques extranjeros al transporte fluvial de cabotaje. Pero el artículo 3” modifica el capítulo de Convenios Colectivos de Trabajo del régimen laboral de la ley 25877 (modificatoria de la ley de contrato de trabajo 25250). Es allí donde el gobierno avanza sobre el derecho de huelga y define los servicios esenciales y la incorporación del concepto de actividades trascendentales.
El ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzeneger fue el más activo y perverso con sus decretos, atacó con su, ya famosa, desregulación de distintos rubros comerciales, sociales, laborales que apuntaron a la pérdida de derechos sociales consagrados.
La huelga es la herramienta de los trabajadores para reclamar o protestar ante las irregularidades o la explotación de los patrones o del estado en el caso de la administración pública. La medida de fuerza ya no será lo mismo en la Argentina.
El artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina establece el derecho del trabajador a tener una organización sindical libre y democrática. El derecho a la libertad sindical es de gran importancia entre los derechos laborales y entre otros aspectos incluye el derecho de los sindicatos a la huelga.
Desde ahora habrá que pedir permiso para reclamar o expresar un descontento por los abusos patronales, que son muchos y diversos.
La mencionada medida emitida por el presidente Javier Milei y publicado este jueves 22 de mayo, introduce restricciones significativas al derecho a huelga en Argentina.
Con el argumento, nada novedoso, de la ampliación de la lista de servicios esenciales, se incluyó a: salud, educación, transporte, aeronavegación, telecomunicaciones, energía, aduanas, migraciones y cuidado de menores. En estas áreas, se exige mantener al menos el 75% de la prestación normal durante una huelga.
Un segundo término semántico introduce la «importancia trascendental» de ciertas actividades. Se crea esta nueva categoría que abarca sectores como transporte público, medios de comunicación, industria, construcción, minería, banca, hotelería y gastronomía. En estos casos, se debe garantizar al menos el 50% de la actividad durante medidas de fuerza.
Se prohíben acciones como bloqueos, tomas de establecimientos y cualquier medida que afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la huelga. Estas acciones se consideran «injuria laboral grave», y puede justificar despidos.
Se crea una Comisión de Garantías integrada por cinco miembros con experiencia en relaciones laborales y derecho constitucional, encargada de definir qué actividades se consideran esenciales o de importancia trascendental.
La repuesta fue leve. Los sindicatos y organizaciones de Derechos Humanos han expresado su preocupación, argumentando que el decreto vulnera derechos constitucionales y limita de manera “excesiva” el derecho a huelga.
Abogados en derecho laboral señalaron que la ampliación de actividades esenciales y las nuevas restricciones podrían ser inconstitucionales y dificultar el ejercicio efectivo del derecho a huelga.
A esta altura nada sorprende en materia restrictiva y represiva del gobierno libertario. El “Protocolo Antipiquetes”, de la ministra Patricia Bullrich inició la escalada contra el reclamo popular a los atropellos patronales. Los jubilados pueden dar cuenta de la violencia con palos y gases venenosos que emplean las fuerzas de represión bullrichistas. Estas acciones son aplaudidas por sectores de derecha y, también, algunos trabajadores que adhieren a esta ideología.
Este decreto completa el circulo antisocial. Falta la reforma laboral y el círculo se completará para que la Argentina se convierta, definitivamente, en un país donde reine la explotación y la entrega de recursos naturales “esenciales” y “trascendentales” a intereses foráneos. A eso vino Milei y compañía.
