El Protocolo de violencia preventiva contra el reclamo social   

El “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”, es la idea de Patricia Bullrich para reprimir la protesta social. Es velada amenaza contra la Marcha Piquetera del próximo 20 de diciembre y todas las que sigan

Patricia Bullrich disfruta el lugar que ocupa en el gobierno de Javier Milei. Es que después de tragarse las críticas que dirigió hacia el ganador de las elecciones del 22 de octubre, fue de la mano de su jefe político, Mauricio Macri a verlo para apoyar “el cambio” que representan ambos.

Patricia fue a buscar el ministerio que más le gusta, donde se siente poderosa y hasta dueña de las libertades de los individuos que habitan esta tierra. Es una mujer que siente placer con la violencia, la represión. Parece que se constituyó en la dueña de la vida y la muerte de los que reclaman.

Este “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público” fue presentado en conferencia de prensa por Bullrich como una resolución del ministerio de Seguridad de la Nación que ella conduce, por indicación del presidente.  Es un instrumento ilegal que la gestión libertaria va a emplear para habilitar a las fuerzas de seguridad nacionales a impedir cualquier intento de piquete en la vía pública. Alcanza a las jurisdicciones federales –por ejemplo, autopistas y rutas nacionales–, pero se sabe que el Gobierno trabajará en coordinación con las provincias para que también se aplique en sus territorios.

Es una decisión conflictiva, abre la posibilidad de actos represivos, en la Argentina de estos tiempos. Este país cambió, en nombre de la libertad, se va a reprimir y hasta matar. Tal protocolo no tiene precedentes en estos 40 años de democracia y colisiona con el derecho a huelga contemplado en la Constitución Nacional y amparado en tratados internacionales. Todos sabemos que para aplicar el ajuste brutal se va a necesitar represión y para esa tarea está Patricia Bullrich, mandada por Javier Milei. El costo lo pagará su apellido.      

“Si hay un delito en flagrancia, las fuerzas van a poder intervenir”, anunció Bullrich y detalló los puntos del escrito. “Se va a trabajar en las estaciones de tren para detener a aquellas personas que vayan con algún tipo de material como palos, con caras tapadas o distintas formas de participar en manifestaciones”, añadió la ministra. (ver el video de la conferencia)

La respuesta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Este organismo emitió una comunicación en el que analiza el citado protocolo y contrapone los puntos de este “verdadera” amenaza al pueblo, porque más allá de los piqueteros, este dirigido a cualquier persona que reclame su queda sin trabajo, por ejemplo.

La Federación fue creada en 1922, es una organización internacional no gubernamental, con estatuto consultivo, entre otros ante los organismos de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos (OEA). Reúne actualmente a 155 organizaciones en cerca de 100 países. Su organización miembro en Bolivia es la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), con apoyo de la cual la FIDH realizó esta misión. La FIDH es apolítica, aconfesional e independiente de cualquier gobierno. Su misión consiste en llevar a cabo acciones concretas en favor del respeto de todos los derechos proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El Comunicado

1.- El protocolo de Bullrich constituye un intento de golpe de estado, bajo la excusa de la seguridad. Otorga facultades al Poder Ejecutivo que son propias y exclusivas del Poder Judicial.

2.-Solo el Poder Judicial puede ordenar la intervención policial, sea federal o provincial. No puede el Poder Ejecutivo intervenir por su cuenta en temas de supuesta seguridad, sin orden judicial previa.

3.- En el protocolo, Bullrich decreta por sí y ante sí que el Ejecutivo puede detener personas, incautar vehículos y propender a multas y sanciones administrativas sin derecho a defensa alguno. Profiere de esa manera una amenaza abstracta contra la población en su conjunto, lo que constituye, en sí mismo un delito.

4.- El protocolo instala el espionaje interno, previó, posterior y permanente sobre las organizaciones sindicales, sociales y políticas, arrogándose la facultad desde el Ejecutivo de perseguirlos en su legítimo derecho de peticionar y reclamar, sea en la calle o en el interior de empresas o en sus puertas. Algo que no solo garantiza la Constitución sino los reiterados dictámenes de la CIDH, de cumplimiento vinculante para el Estado Argentino.

5.- Otro ítem ilegal aberrante es pretender privatizar el costo de su propio accionar policial, queriendo cobrar a sindicatos y organizaciones sociales el trabajo ilegal que ella misma ordena.

6.- El golpe de estado se consuma en cada pliegue de su accionar. La supuesta flagrancia del 194 del Código Penal no es sino una maniobra para confundir. Desde el fallo Natera Gatti en adelante, el máximo tribunal penal de la Nación, la Cámara de Casación, tiene establecido que no existe el delito del art. 194 cuando se marcha y obstruye el tránsito, sea donde sea, porque se trata del ejercicio legítimo de un derecho.

Bullrich se subleva contra lo decidido por el Poder Judicial, pretendiendo aplicar el Código Penal. Lo hace a sabiendas, porque cualquier penalista conoce la jurisprudencia en el tema, aún sus anónimos asesores en la materia.

7.- El protocolo viola los artículos 14 y 28 de la CN. que prohíben reglamentar derechos al Poder Ejecutivo. Solo una ley puede reglamentar el ejercicio de un derecho. Bullrich se subleva aquí abiertamente contra el Poder Legislativo, pretendiendo colocarse por encima de la ley.

8.- El intento es actuar ante el hecho consumado, aparentando una legalidad inexistente. En los hechos utiliza el método de la dictadura militar, que quitó los derechos invocando un supuesto » orden nuevo». Es decir, actúa de prepo contra la Constitución y la división de poderes, colocando al Ejecutivo por encima de todo, como lo hizo Videla.

9.- Un párrafo aún más alarmante es el destinado, en el artículo 10, a identificar y estigmatizar y criminalizar a aquellas personas que, al marchar por sus derechos, concurran con sus hijos. Autoriza a identificar a padres e hijos y hacer una persecución por haberlos llevado, bajo la excusa de «tutelar sus derechos». El poder ejecutivo se arroga la función de decirle a los padres lo que deberían hacer: no llevar a los hijos adónde les parezca. Es una medida sin registro, no ya en los últimos cien años de historia argentina. Es un método dictatorial nunca visto, ni en las propias dictaduras. Ningún gobierno puede impedir la libertad ambulatoria de una familia. Esto es lo que plantea el protocolo en nombre de la «libertad». Una aberración contra los propios derechos del niño y la juventud que los convenios internacionales suscriptos por el estado argentino consideran ilegal.

10.- En este cuadro de insubordinación a las libertades democráticas, deberá ser el poder judicial quien fulmine este intento golpista, declarando ilegal e inconstitucional el “ukase” (proclama imperial) de Bullrich.

11.- Las organizaciones sindicales, sociales y partidos políticos dirimirán este intento fascista en las calles, dónde fuera gloriosamente derrotada la «legislación» del general Videla.

Horacio González – director / Juan Carlos Capurro – presidente

Fuente: Comunidad Regional Ajo – APDH