Del retorno democrático a los juicios de lesa humanidad: el significado del 10 de diciembre
En 1983 Argentina recuperó la vida democrática. Desde entonces, el país atraviesa el periodo más extenso de su historia sin quiebres institucionales
Cada 10 de diciembre, Argentina celebra el Día de la Restauración de la Democracia y también el Día de los Derechos Humanos. La elección de este día no es casual, constituye un hito fundamental en la historia de nuestro país. Se rememora el 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín, elegido por voto popular, asumió la presidencia y puso fin a uno de los períodos más oscuros de la historia nacional, marcados por la violencia estatal, la censura y la desaparición forzada de miles de personas.
La relevancia del retorno de la democracia se dimensiona aún más al considerar que entre 1930 y 1983 Argentina atravesó reiteradas interrupciones del orden constitucional, con golpes de Estado y gobiernos de facto que impidieron la continuidad democrática. La asunción de Alfonsín en 1983 significó, no sólo el cierre de la última dictadura cívico-militar, sino también el inicio del período más prolongado de institucionalidad ininterrumpida de la historia argentina que se sostiene hasta nuestros días.
¿Por otro lado, cada 10 de diciembre el mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 tras la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La coincidencia no es casual: democracia y derechos humanos constituyen pilares inseparables de la vida institucional de un país.
Al poco tiempo de restaurarse la democracia, se creó la CONADEP y posteriormente se publicó informe “Nunca Más”, que permitió documentar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y fue insumo fundamental para el Juicio a las Juntas, decisión judicial inédita en el mundo que juzgó a los máximos responsables del régimen militar por delitos de lesa humanidad.
El camino, sin embargo, no estuvo exento de obstáculos, ya que se dieron importantes retrocesos, reflejados en los indultos presidenciales y la sanción de las leyes 23.521 de Obediencia Debida y 23.492 de Punto final. De esta manera, se impedía juzgar a los responsables los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
No obstante, en 2003, el Congreso de la Nación anuló dichas normas a través de la ley 25.779. Poco después, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema consolidó ese rumbo con el fallo “SIMON” en el que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto final y reafirmó lo establecido por el Congreso. Asimismo, La Corte avanzó un paso más con el fallo ‘’ARANCIBIA CLAVEL’’, dictado en marzo del mismo año, el cual estableció la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
La combinación de estas decisiones desembocó en la reactivación, en todo el país, de los procesos contra los autores de los crímenes de lesa humanidad.
Hoy, a más de cuatro décadas de aquél 10 de diciembre de 1983, celebrar esta fecha es tener presente que la democracia se sostiene día a día: en cada derecho ejercido, en cada institución fortalecida y en cada decisión judicial que consagra la dignidad humana como eje de nuestra vida colectiva. Es, también, reafirmar un compromiso con un futuro donde la democracia siga siendo el camino para construir una sociedad más justa y plural.
Fuente: https://www.palabrasdelderecho.com.ar
