Zona Fría: La asimetría del gobierno nacional incrementa las tarifas a la población y condona deuda a grandes empresas eléctricas
La recientemente sancionada reforma del Régimen de Zona Fría e Inclusión Energética, aprobada por el Senado de la Nación, contempla en su artículo 4 un mecanismo de compensación económica y condonación de deudas que favorece a empresas distribuidoras y transportistas de servicios de electricidad
El corazón regulatorio de este artículo establece que el Estado Nacional realizará erogaciones con el fin de cancelar las obligaciones financieras (deudas) que las distribuidoras de energía eléctrica mantienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).
Se trata de deudas multimillonarias que se originaron por la compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que las empresas retiraban, pero no abonaban en su totalidad, escudándose en el congelamiento de tarifas
Las empresas que se benefician son las principales prestatarias del servicio eléctrico del país, entre las que se destacan, Edenor, Edesur, Cooperativas Eléctricas provinciales y regionales reguladas bajo convenios nacionales. La Cevige local no este incluida ya que su caso está más avanzado judicialmente. No obstante, la ley blanquea su postura y justifica todo su accionar en el conflicto con CAMMESA en todos estos años.
La ley marca una diferencia en el modo en que se sanean las deudas de los dos eslabones del servicio público, por ejemplo, las distribuidoras compensan directamente saldos deudores contra CAMMESA. El Estado absorbe esa deuda.
En el caso de las transportistas, se les contempla la compensación y condonación de penalidades contractuales que tenían acumuladas por fallas o incumplimientos en el servicio.
Para recibir este beneficio de condonación, la ley impone una condición obligatoria a las compañías; deben desistir de forma total y definitiva de cualquier reclamo judicial o administrativo que mantengan contra el Estado Nacional por motivos de la declaración de emergencia tarifaria o retrasos regulatorios previos.
Es evidente que la ley tiene un contraste social evidente. El principal punto del debate público y político radica en la asimetría de la norma, mientras se elimina el subsidio automático al gas para más de 1,2 millones de hogares de la denominada «Zona Fría Ampliada», incluso obligándolos a demostrar una extrema vulnerabilidad socioeconómica mediante el trámite del Subsidio Energético Focalizado para no perder el beneficio, en forma paralela se limpian los balances y deudas millonarias de las corporaciones energéticas privadas sin que el Poder Ejecutivo haya precisado el costo fiscal total definitivo que esta condonación demandará a las arcas del Estado libertario.
El mecanismo no es novedoso, es más pasa a ser un método libertario que aplica en cada una de las medidas que adopta. Un ejemplo claro es el caso de los jubilados que tienen una jubilación mínima de menos de $500 mil y un bono de $70 mil que no actualiza desde el 2023 y así con varios ítems sociales.
Esta forma de hacer política que se apoya en índices dudosos, debería tener un límite que los argumentos de los funcionarios y legisladores no van a poder justificar ni ocultar con bailes y sonrisas socarronas luego de sancionar una ley que empobrece, aún más, al pueblo.
Foto de portada: Gracias a la Liga de Defensa de Consumidores de julio de 2026
