Una justica a la medida de los procesados
El sistema de justicia de la Argentina está contaminado por la política. En la última semana tuvimos dos ejemplos muy significativos de acciones de jueces, recientemente promovidos, que emitieron resoluciones que favorecieron a políticos imputados en causas graves. El tercer caso es local y para los memoriosos despierta dudas
Impunidad es la palabra. Significa que aquella situación por la cual queda un delito o falta sin el castigo o pena que le corresponde por ley. La enorme mayoría de los argentinos conocemos y sabemos sus consecuencias, pero todo termina en lo mismo. Los grandes tiburones de la política no van presos.
El 4 de septiembre pasado la Cámara Federal dejó firme el cierre de la causa por el préstamo del FMI. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ratificó el archivo del expediente que investigaba la legalidad del acuerdo Stand-By por US$ 57.100 millones firmado en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri. En la causa también estaban Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
El fallo de primera instancia había sido dictado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti en febrero de 2026.
Los camaristas sostuvieron que la toma del crédito fue una decisión de naturaleza política adoptada en un contexto de «urgencia financiera» y que el Poder Judicial no debe revisar el acierto o desacierto de las decisiones económicas de un gobierno. Entonces, el razonamiento que puede hacer un sector de la población, más algunos periodistas de investigación que accedió a información privilegiada, no es la misma lectura de los jueces nombrados por la política.
Los camaristas indicaron que después de cinco años de investigación la fiscalía no logró probar la existencia de administración fraudulenta ni abuso de autoridad, señalando que las irregularidades administrativas por sí solas no constituyen un delito penal.
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi determinaron que, luego de cinco años no se logró acreditar la existencia de los delitos denunciados.
El tribunal consideró que el acuerdo fue una decisión de política pública adoptada en un contexto de urgencia financiera y rechazó el pedido del fiscal Franco Picardi para reabrir la investigación.
Cabe mencionar que el camarista Pablo Bertuzzi juró, junto al también juez, Pablo Yadarola, el pasado jueves como integrantes de la sala I de la Cámara Federal porteña, un tribunal clave en Comodoro Py 2002.
Otro caso con Bertuzzi también el mismo día
No conforme con eso el mismo sujeto, Pablo Bertuzzi con sólo 24 horas desde de asunción como juez titular en la Sala I de la Cámara Federal ratificó la exclusión de inversores como querellantes en la causa del token $LIBRA.
La medida limita el rol de las presuntas víctimas en la investigación que involucra al presidente Javier Milei y a personas de su entorno. Bertuzzi argumentó que invertir en criptomonedas implica asumir un “riesgo propio”.
Yadarola y las 10 valijas que eludieron la aduana
Por su parte el juez Pablo Yadarola, ahora camarista junto a Bertuzzi, fue el magistrado que archivo la causa por la que se investigaba el ingreso, a la Argentina, por el Aeroparque Jorge Newbery de 10 valijas sin pasar por la aduana. El 26 de febrero de 2025, procedente de Miami -Estados Unidos-, aterrizó en Aeroparque el avión matrícula N18RU, propiedad del empresario Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Flybondi, cercano al gobierno e intermediario entre Javier Milei y Donald Trump.
Las diez valijas era traídas por Laura Belén Arrieta, cercana a Scatturice y empleada de CPAC y no pasaron por los escáneres de la Aduana gracias a una vía lateral o carril especial habilitado por personal del aeropuerto, después de un sugestivo llamado telefónico.
Yadarola archivó la causa hace unos días al considerar que no se pudo probar con quién se comunicó la tripulación para evadir el escaneo.
El caso del ex – secretario de Gobierno, Osvaldo Tavarone
Este es un caso que nos toca de cerca, fundamentalmente a los periodistas que conocimos el “yugo” y el cinismo del ex – funcionario, que se caracterizó por su frialdad y su especial característica para administrar el poder de turno que en esos años recaía sobre sus decisiones y el intendente Jorge Rodríguez Erneta.
El 10 de febrero de 2015 siete concejales del Bloque Frente Amplio Unen (Jorge Martínez Salas, Diego Piacentini, la Dra, Claudia Cima entre otros) realizo una denuncia penal para que se investiguen alrededor de 13 propiedades del ex -funcionario, Osvaldo Tavarone y sus familiares directos. En la misma denuncia solicitaron que se pida información sobre las salidas sus salidas del país. En aquel año los concejales estimaron que la fortuna que se investigaba ascendía a 18 millones.
Concretamente se planteaba una “denuncia criminal en orden a los hechos que en principio podrían constituir los delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo”. Asimismo, se solicitó que se investigue un presunto enriquecimiento ilícito. Se sospechaba que Tavarone había comprado inmuebles que incrementaron su patrimonio que no tenía correlato con su salario de funcionario público. Fue secretario de Gobierno desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el abril de 2014.
Se estimaba que Tavarone era propietario de varios automóviles, dos inmuebles en Mar del Plata y un lujoso departamento en el edificio Altos del Pinar en la entrada al Barrio Norte (donde reside en la actualidad)
La respuesta de la justicia
En esta semana surgió en la Comisión de Obras del Concejo Deliberante un expediente D-16177/26 iniciado por el ejecutivo para elevar copia del expediente 1567/26 s/ enriquecimiento ilícito. Su destino es el archivo.
En su interior hay una resolución judicial que cierra la causa porque no se pudo comprobar el ilícito denunciado. La Resolución judicial tiene fecha de 3 de marzo del 2026 y fue enviado al Concejo Deliberante el 13 de agosto del corriente.
“Durante el transcurso de estos diez años, esta instrucción ha librado innumerables oficios tanto a entidades financieras como registro de la propiedad inmueble, automotor y organismos de control tributario. No obstante, los esfuerzos realizados la tramitación se ha visto obstaculizada por la dilación de los organismos financieros y registrables en dar respuestas a las requisitorias de esta sede. Sin perjuicio de ello, la realidad indica que, tras una década de labor investigativa, no se ha logrado consolidad una pericia contable que arroje resultados concluyentes o que permita formular una acusación con el grado de certeza requerido”, dice el escrito en su parte central
Vale decir que las sospechas, los dichos, las acusaciones a las que Tavarone respondía con una sonrisa socarrona no pudieron ser comprobados.
Asimismo, se puede intuir que Tavarone supo cubrir, con cierta habilidad, su recorrido de enriquecimiento. Hay un hecho real y concreto, Tavarone ingresó al municipio con un determinado patrimonio y era evidente que cuando se fue, se había incrementado ostensiblemente. De hecho, hay un complejo turístico en Mar de las Pampas que antes no existía entre sus propiedades.
Estas decisiones de jueces argentinos reavivan el debate sobre el funcionamiento de la Justicia Federal y Provincial que generaron fuertes críticas. Algunos sectores de la justicia advierten que este nuevo escenario podría facilitar el cierre de causas sensibles tanto para el oficialismo como para el macrismo.
El final es simple y concreto y adopta forma de pregunta. ¿Se puede confiar en la justicia de este país?
